Durante el 2023 se han registrado las muertes violentas de un total de 455 menores de edad, según la Defensoría del Pueblo.
Esta entidad señaló que en Ecuador se ha registrado un incremento del 171 % en homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes.
El último caso y que ha causado conmoción nacional es el asesinato de cuatro niños entre cinco meses y diete años.
Esto ocurrió el lunes 11 de diciembre del 2023 en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil.
“Este incidente, reflejo de un aumento alarmante en los actos de sicariato y violencia“, señaló la institución.
Por su parte, el Ministerio del Interior, señala que la cifra de muertes de menores en el país es inferior a la reportada por la Defensoría.
Según cifras de este ministerio registradas hasta el 30 de septiembre de 2023, 244 menores entre 1 y 17 años han sido víctimas de muertes violentas en todo el país.
Contradicción y pedidos
Al calificar la cifra como “inaceptable”, la entidad defensora de derechos humanos detalló que unos 455 niños y adolescentes fueron asesinados entre enero y septiembre en el país.
Por lo que exigió una intervención inmediata y efectiva del Estado.
“Una masacre que se convierte en el espejo más crudo del sicariato en Ecuador”, enfatizó.
La situación en la provincia de Guayas “es particularmente grave”, donde se registra la mayoría de casos, agregó el texto.
En vista de aquello, la Defensoría del Pueblo anunció que, en uso de sus atribuciones de protección y tutela de derechos, ha exhortado:
Al Gobierno Nacional, a gestionar de manera urgente los recursos necesarios para una efectiva estrategia nacional de combate a la delincuencia organizada.
Que en ella se incluyan reformas normativas y de política pública que garanticen el enfoque de seguridad humana y el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia.
Recuperar y fortalecer los equipos de inteligencia del Estado a efectos de prevenir futuros actos de violencia.
A la Policía Nacional, al tiempo de reforzar los procesos de investigación tendientes a la identificación, detección y captura de los autores de estos asesinatos.
También que la Policía trabaje en impulsar protocolos de prevención de la violencia en los barrios y comunidades del país.
A los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de la Mujer y Derechos Humanos, a articular la intervención para garantizar el acompañamiento psicosocial a la familia de las víctimas.
En referencia a la Gobernación del Guayas que, desarrolle planes de intervención territorial que permitan reducir los índices de muertes violentas en menores de edad.
A la Fiscalía, disponga de manera urgente las medidas necesarias para la consecución de la investigación penal y se garantice la no revictimización de los padres y familiares.
Por su parte, la Defensoría se comprometió a vigilar de cerca las acciones del Estado desde su rol y competencias constitucionales.
