A tres semanas de su posesión, ya se anunció lo que sería una primera movilización en contra del presidente Daniel Noboa.
Los sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron que planifican la medida de hecho.
Ellos consideran que es perjudicial para el país el proyecto de ley económica que el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional.
Consideran que este proyecto de ley precarizará el empleo.
Voceros de los trabajadores ofrecieron una rueda de prensa este martes 12 de diciembre del 2023
Allí expusieron sus reparos y cuestionamientos a la iniciativa legal del jefe de Estado.
Ellos han presentado pedidos para ser escuchados en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea , que tramita el proyecto de ley, la mesa legislativa no los ha recibido.
“No han tenido voluntad de atender a los trabajadores”, comentó José Villavicencio, presidente del FUT.
El dirigente manifestó que se cerrará el año con una ley que afectará a los trabajadores y pueblos.
A decir de ellos esto busca condonar nuevamente las multas, intereses y recargos tributarios a los grandes grupos económicos del país.
Dijo que otro aspecto grave es eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD).
El dirigente señaló que esto beneficiará a la banca y a los grandes grupos económicos, que sacan el dinero para enviarlos a paraísos fiscales.
Con esos y otros argumentos, Villavicencio anunció que las organizaciones sindicales que conforman el FUT realizarán una movilización hacia la Asamblea Nacional.
Esta se desarrollará el martes 19 de diciembre, con el propósito de exigir al Parlamento que no apruebe la ley del presidente Daniel Noboa y la devuelva al Ejecutivo.
Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) también expuso su punto de vista.
Ella aseveró que las zonas francas no sólo darán paso a condiciones laborales precarias para los trabajadores,
También que las empresas que se asienten en estos espacios no tendrán que rendir cuentas a la legislación nacional “ni pagar impuestos”.
Arellano también comentó que el proyecto de ley abre las puertas a la privatización de los sectores estratégicos y servicios públicos.
“Eso encarecerá los precios a los ciudadanos. La norma es inconstitucional”, aseguró.
“El Gobierno nos obliga a tomar acciones para que respete a los ecuatorianos”, advirtió la dirigente.
El Ejecutivo presentó el 27 de noviembre la iniciativa legal, con el carácter de urgente en materia económica.
La Asamblea Nacional tiene 30 días para decidir si aprueba o rechaza la norma.
