Pareja de esposos obligaban a su sobrina de 9 años a mantener relaciones sexuales y luego la filmaban. Los sospechosos fueron detenidos y recibieron prisión preventiva.
Teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, tablets y discos compactos están ya en cadena de custodia bajo la tutela de la Policía Judicial.
Estas herramientas forman parte de las evidencias incautadas en el inmueble de una pareja de esposos que presuntamente traficaban con pornografía infantil desde Quito.
Los artefactos contienen fotografías y videos que evidencian presuntas actividades ilícitas de naturaleza sexual en las que habrían incurrido Ramiro C. y Gabriela M., pareja de esposos de 35 y 30 años, respectivamente.
La Fiscalía los procesó en una audiencia de calificación de flagrancia, en la que un Juez de Garantías Penales ordenó su prisión preventiva.
Los cargos penales que se les imputan son los establecidos en el artículo 103, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que podrían enfrentar una pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.
La fiscal de turno, Teresa Coba, presentó entre los elementos de convicción una evaluación psicológica que se le practicó a la víctima, una niña de 9 años y 4 meses, sobrina de los presuntos agresores.
En esta diligencia, la pequeña reconoció a sus tíos como las personas que la obligaban a realizar actos de naturaleza sexual con Ramiro C., mientras eran filmados por Gabriela M.
La niña también reveló que los procesados la amenazaron con agredir sexualmente a otros niños parientes suyos, si es que ella contaba lo ocurrido.
El caso llegó a conocimiento de la Fiscalía gracias a una denuncia anónima.
Para precautelar la integridad de la víctima, la Fiscal dispuso, mediante acto urgente, ejecutar un operativo en el sector de La Comuna, centro de Quito.
La intervención se desarrolló la madrugada del 15 de julio, en coordinación con la Policía Nacional.
En el inmueble, se recopilaron indicios que hacen presumir la responsabilidad de los procesados en el delito.
La pareja de esposos fue aprehendida en el mismo domicilio donde supuestamente se hacían las filmaciones.
De acuerdo a la fiscal Teresa Coba, la niña no sería la única víctima, pues en los dispositivos incautados se hallaron imágenes de otras infantes.
La Fiscalía inició la fase de instrucción fiscal que durará treinta días.
El inciso tercero del artículo 103 del COIP sanciona la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes con una pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años: “(…) cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima”.
Nota tomada de Código Manta
