Las autoridades deben vigilar que la amenaza de ataques violentos contra actores políticos, ahora y en la campaña electoral, no prospere.
Lo ocurrido ayer en Portoviejo preocupa porque el ataque a un candidato rodeado de simpatizantes revela, por una parte, la vulnerabilidad de quienes están involucrados en los eventos políticos.
Y, por otra, la temeridad con la que se perpetran los atentados.
El reglamento de las actividades de protección pública de la Policía Nacional, emitido en el decreto 55 de noviembre del 2018, determina quiénes pueden ser sujetos de resguardo policial.
Y, entre los candidatos, especifica que deben tenerlo los aspirantes a la presidencia y la vicepresidencia de la República.
“La violencia política es una amenaza contra la democracia”.
Para otros casos, debe realizarse un análisis de riesgo para evaluar si lo ameritan.
La sociedad debe rechazar la violencia política pues, a más de un atentado contra personas, es una amenaza contra el ejercicio democrático.
Corresponde a las autoridades investigar a fondo lo ocurrido, pero también debería revisarse las prioridades de protección.
La colectividad merece una explicación de los motivos de un ataque que, por la forma en que se dio y por la condición de la víctima, ha causado conmoción.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 21 de diciembre del 2022 en nuestra edición impresa.
