El Estado debería promover en los ciudadanos la cultura de la demanda de información pública para asegurar la transparencia y garantizar el derecho de los habitantes del país a conocer qué se hace con el dinero de los impuestos.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), vigente desde el año 2004, es una herramienta útil para demandar de las autoridades institucionales del sector público la información que no esté del todo clara. Fue creada, justamente, para ejercer la participación democrática en el manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas.
Con ello, no solamente se garantiza el derecho ciudadano a recibir información sobre los recursos públicos, sino que se obliga a los funcionarios a actuar con transparencia.
“La práctica de ocultar información debería llamar la atención de los organismos de control”.
Es lamentable que en muchos funcionarios persista la costumbre de esconder datos, bajo el pretexto de una reserva que solamente debería aplicarse en los casos que prevén las leyes.
Esa práctica también debería llamar la atención de los organismos de control, pues en ellos se esconden potenciales hechos irregulares.
El derecho fundamental de los ciudadanos a conocer qué se hace con el dinero de sus impuestos debe promoverse y el Estado es el primer llamado a hacerlo.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 9 de febrero del 2022 en nuestra edición impresa.
