La exigencia del carné de vacunación contra el COVID-19, para permitir el acceso a ciertas áreas públicas y el uso del transporte en algunas ciudades, no es una medida correcta, pues vacunarse no es un acto obligatorio.
Recientemente, algunos alcaldes se han pronunciado en ese sentido. El carné de vacunación sería un documento habilitante para ingresar a centros comerciales, parques y hasta al transporte público, según sus anuncios; sin embargo, las leyes no contemplan este tipo de exigencia.
Más bien, tanto la Constitución como las leyes prohíben cualquier tipo de discriminación.
“Para imponer la obligatoriedad de vacunarse, hay que reformar las normas”.
La preocupación por evitar más contagios es entendible, pero por parte de los municipios también se espera un control más riguroso para exigir que se mantengan las medidas de bioseguridad, sobre todo en las áreas públicas. Es evidente el relajamiento, pero no hay vigilancia, aunque las ordenanzas de control y prevención siguen vigentes.
Para imponer la obligación de portar el carné de vacunación con las dosis completas, debería proponerse primero una reforma constitucional y en algunas leyes, lo cual no sería inmediato. Lo que sí hace falta es mantener la prevención como medida necesaria.
Editorial de El Diario publicado este viernes 30 de julio del 2021 en nuestra edición impresa.
