Los señalamientos legales y políticos que se han hecho en los últimos años a los titulares de la Contraloría General del Estado y a funcionarios de esa entidad revelan la necesidad de cambios urgentes en la ley que rige a esa institución de control.
Manejo político y a conveniencia de ciertos grupos, intervención en procesos, coimas para desvanecer glosas y manejar destituciones, son algunos de los problemas que se investigan y que involucran a altos cargos de las recientes administraciones.
De ser verdad esos señalamientos, serían un grave síntoma de cómo la corrupción se ha enraizado en el país, a tal punto de envolver a personas que, por sus funciones, deberían ser modelos de probidad y rectitud.
“Despolitizarla y evitar que se convierta en un foco de corrupción”.
Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que se requieren cambios en la ley que rige a la Contraloría para despolitizarla y evitar que, a cambio de lo que sea, se convierta en un foco de corrupción y malos manejos.
La Contraloría tiene entre sus funciones la de auditar el manejo de los recursos públicos, ya sea en entidades del sector público o en las privadas que manejan fondos del Estado.
Muchas miradas, entonces, están puestas en sus ejecutorias. La reforma legal debe dirigirse a fortalecerla como entidad, desvinculándola de cualquier injerencia que pudiera apartarla de su función de juez de cuentas del Estado.
Editorial de El Diario publicado este sábado 31 de julio del 2021 en nuestra edición impresa.
