En el recientemente aprobado proyecto de ley para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí se menciona la creación de un comité para que impulse la reactivación de ambas jurisdicciones, pero no se contempla una fuente de recursos propios para ese propósito.
Han transcurrido cinco años desde el terremoto de abril del 2016 y muchos de los empresarios y productores que entonces requerían apoyo nunca pudieron recuperarse.
El dinero de la Ley de Solidaridad se destinó a cubrir gastos que eran responsabilidad del mismo Estado y a financiar obras ajenas a los fines de la norma.
“La nueva ley crea un comité y centraliza los planes, pero no genera recursos”.
La Ley de Solidaridad, más allá de la corrupción y del destino que tuvieron los fondos, funcionó porque hubo fuentes específicas de recursos.
La reactivación de empresarios, productores y pequeños comerciantes no tendrá éxito si no hay créditos realmente baratos y de fácil acceso para los afectados, o bonos directos para ayudar al resurgimiento, aunque tardío, de los negocios.
Es muy difícil que las dos provincias más afectadas por el terremoto festejen una tardía ley que no otorga recursos y, más bien, genera burocracia y centraliza los planes. Es más recomendable asignar fondos, previa calificación, para que cada comerciante, emprendedor o productor decida el destino que le dará.
Editorial de El Diario publicado este martes 3 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.
