La filtración de información confidencial, reservada y personal de asuntos médicos, trabajo e identificación de miles de ecuatorianos por parte del Ministerio de Salud Pública, es un hecho muy grave que merece una investigación y sanción.
Los datos estaban anexados a una lista de 1,5 millones de personas e incluía información sobre pruebas de detección del covid-19, pero además había datos muy personales.
Es una negligencia sin nombre que atenta contra la seguridad de miles de ecuatorianos y que contraviene la normativa legal, pero también hace notar que en Ecuador no hay mecanismos suficientes de protección.
“La Ley de Protección de Datos Personales no está en plena vigencia”.
Lo ocurrido es mucho más grave cuando entre los datos que salieron a la luz hay información de menores de edad y de mujeres embarazadas, que forman parte de los grupos vulnerables.
Por un lado, la Constitución reconoce la protección de los datos personales y el país ha suscrito tratados internacionales que incluyen entre sus principios la protección a la privacidad y a la imagen personal; pero por otro, no hay disposiciones expresas vigentes. La Ley de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo, no entra en plena vigencia.
El Ministerio de Salud, la Fiscalía y otros organismos deben investigar lo ocurrido. Más allá de negligencia, hay una grave falla de seguridad.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 28 de julio del 2021 en nuestra edición impresa.
