La Fiscalía y la Justicia ecuatoriana deben concretar las investigaciones y los procesos pendientes en el caso conocido como Ina Papers, que investiga una supuesta entrega de coimas para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en el gobierno de Rafael Correa.
En esa época, Lenin Moreno era el vicepresidente, y según sus detractores políticos, hubo beneficios incorrectos del entorno del ex primer mandatario.
Es necesario que se establezca la culpabilidad o inocencia, para que la tela de duda no siga creciendo. Un caso detenido, no le hace bien al país.
Esto es más necesario, una vez que el expresidente envió una carta a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en la que asegura que no está obligado a asistir a sus audiencias, pues según sus expresiones: la Constitución no le obliga a ir.
“si Moreno dice no tener nada que ver, debe asistir a asamblea”.
La comisión lo invitó a comparecer y Moreno dice que la potestad fiscalizadora de la Asamblea la tiene frente a los funcionarios públicos mientras actúan como tales y sólo en el caso de los ministros se extiende hasta un año después. El exmandatario también asegura que no se prestará para un “show político”.
El expresidente tiene derecho a defender sus puntos de vista, incluso a pensar que no tiene una obligación de acudir. El asunto es que en democracia, quien ocupa una representación pública tiene la obligación moral y ética de rendir cuentas.
La Asamblea es, nos guste o no su composición, su estructura, calidad y número, el foro donde se representa la colectividad ecuatoriana y un expresidente debe someterse a la evaluación de quienes hacen contrapoder y control social.
Editorial de El Diario publicado este viernes 1 de octubre del 2021 en nuestra edición impresa.
