La concesión de un indulto masivo a 268 personas, entre las cuales hay procesados por los sucesos de octubre del 2019, constituye una burla para la justicia y para el ordenamiento jurídico del país.
Entre quienes se beneficiaron de esta decisión que tiene un claro cálculo político, figuran personas que cometieron o propiciaron delitos como saqueos, secuestro, paralización de servicios públicos, terrorismo, desacato, destrucción de la propiedad pública y/o privada, agresiones físicas, entre otros.
Es imposible olvidar el incendio a la Contraloría, el secuestro de miembros de la fuerza pública, los daños a bienes patrimoniales, los saqueos en todo el país, el cierre de carreteras, por citar algunos casos.
“Con los indultos se deja en la impunidad hechos violentos que conmocionaron al país”.
Una cosa es un indulto por asuntos políticos o por mala actuación de la justicia y otro es conceder para dejar en la impunidad hechos de violencia que conmocionaron al país.
Si se quiere un país civilizado, en donde impere la democracia, tiene que haber justicia. Con los indultos, las acusaciones de los ciudadanos afectados, las investigaciones fiscales, el trabajo de los jueces han quedado en la nada.
La Asamblea Nacional creó un mal precedente y da la pauta para que se repitan episodios similares en el futuro. Los asambleístas que votaron a favor deberán responder por este despropósito.
Editorial de El Diario publicado este domingo 13 de marzo del 2022 en nuestra edición impresa.
