Causa preocupación la denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sobre amenazas de muerte y violencia contra consejeros de ese organismo en plena campaña y a poco más de diez días de los comicios.
Si bien la alta funcionaria no da nombres, la seguridad de las personas amenazadas, la violencia en campaña debe ser responsabilidad del Gobierno.
Es necesario para proteger las vidas de estos funcionarios y, también, para garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático.
Pero también debe establecerse una línea de investigación exhaustiva de esta denuncia para tratar de determinar el origen de tales amenazas y las implicaciones que pudieran tener.
“Se necesita para garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático”.
Otro frente que debe investigarse son las formas de violencia contra los candidatos, que incluyen ataques físicos y advertencias de agresiones y muerte.
La violencia electoral constituye una amenaza contra la democracia.
Los ciudadanos requieren que este tipo de procesos sea transparente y equilibrado, de tal manera que quienes resulten escogidos sean los candidatos que, a criterio de la mayoría, merezcan la oportunidad de trabajar por la comunidad.
Ese debe ser el sentido, pues cuando se pretende imponer la fuerza se pierde todo sentido de democracia.
Editorial de El Diario publicado el miércoles 9 de agosto del 2023 en nuestra edición impresa.
