La creación de la Unidad y el Tribunal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado no tiene que centralizarse en Quito; debería funcionar, por lo menos, en cuatro ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo) o, mucho mejor, en todas las cortes provinciales.
Establecerla en Quito es crear un ente centralista con jurisdicción nacional, dejando de lado el principio de territorialidad de las causas judiciales.
La corrupción es un delito común que se denuncia con frecuencia y esta unidad no tendrá jueces sin rostro, como se ha dado en otros países, para garantizar su seguridad desde el anonimato. Es más, al designárselos por concurso público, el país entero conocerá de quiénes se trata.
“Es crear un ente centralista con jurisdicción nacional, sin tomar en cuenta el principio de territorialidad”.
Aunque el Consejo de la Judicatura ha determinado que no todas las causas se conocerán en esta instancia, lo cierto es que está previsto que traten 44 delitos, desde peculado hasta desaparición forzada.
Es un error mezclar los procesos de corrupción con los de otros delitos que involucran otros niveles de peligrosidad, como los de delincuencia organizada. Por ello es necesario que se revise bien la medida y, de ser necesario, se hagan ajustes.
Editorial de El Diario publicado este sábado 2 de abril del 2022 en nuestra edición impresa.
