La reciente decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de los vehículos de transporte público de 20 a 22 años es cuestionable.
Aunque la medida busca aliviar la carga financiera de los propietarios de estos vehículos, es fundamental analizar las implicaciones.
Hay que analizar y cuestionar si realmente es una solución viable y segura para miles de usuarios.
En primer lugar, hay que pensar en la seguridad de los pasajeros, que debe ser una prioridad innegociable.
Los vehículos más antiguos son más propensos a fallas mecánicas debido al desgaste natural de sus componentes.
Esto no solo pone en peligro la vida de los pasajeros, sino que también puede resultar en mayores costos para el sistema de salud.
El ampliar la vida útil de los vehículos puede representar también una pérdida de confianza en el transporte público.
“Que un asunto tan crucial se use como moneda de negociación para evitar protestas”.
Desde una perspectiva ambiental, la decisión también es cuestionable.
Los vehículos más antiguos son menos eficientes en términos de consumo de combustible, emiten más contaminantes e incluso son más ruidosos.
Ampliar la vida útil no se debe tomar a la ligera
En lugar de ampliar la vida útil de los vehículos, el Gobierno debería fomentar la transición hacia tecnologías más limpias.
Se debe mirar hacia los carros eléctricos o los modernos vehículos a combustibles, pero más eficientes, más cómodos y seguros.
Es crucial que las políticas públicas reflejan un compromiso con el futuro y no solo con soluciones a corto plazo.
En un asunto tan crucial como este se debe usar como moneda de negociación para evitar protestas por medidas como la eliminación de los subsidios de los combustibles.
El ampliar la vida útil de los vehículos de transporte de pasajeros no se debió tomar tan a la ligera.
Editorial de El Diario publicado el viernes 2 de agosto del 2024 en nuestra edición impresa.
