El sector del transporte ha vuelto a hablar de las posibilidades de apagar los motores o paralizar las unidades como reacción ante la inseguridad que afecta a este gremio.
Es justo que los transportistas demanden mayor protección en las vías; sin embargo, la seguridad no es responsabilidad de una sola parte, pues los conductores también son corresponsables de ello.
Poco efecto tendrán los controles que haga la fuerza pública en las carreteras si se mantiene la práctica de recoger pasajeros en cualquier parte.
O si en las terminales terrestres no se identifica plenamente al usuario ni se lo revisa antes de abordar el bus de transporte.
“Los perjudicados, en mayor proporción, serán los ciudadanos”.
Se debería retomar el plan que en su tiempo se denominó Transporte Seguro, que consistía en la colocación de cámaras de vigilancia.
Además de botones de pánico para solicitar ayuda en forma oportuna o, al menos, para identificar a los delincuentes.
Al apagar las unidades y dejar de prestar el servicio no solamente se perjudicarán ellos sino que afectarán, en mayor grado, a la ciudadanía.
Los ciudadanos no tiene por qué pagar las consecuencia de los desacuerdos entre dos sectores que deberían trabajar en conjunto, en bien de los ciudadanos.
Hay que insistir en que la seguridad del transporte no es sólo del Gobierno también depende de los socios y choferes que deben tomar las medidas necesarias en las terminales terrestres y en las vías.
Editorial de El Diario publicado el sábado 20 de julio del 2024 en nuestra edición impresa.
