Un tribunal de la Corte Constitucional del Ecuador, conformado por los jueces constitucionales Karla Andrade, Ramiro Ávila y Enrique Herrería, resolvió inadmitir a trámite la acción extraordinaria de protección que presentó Leonardo Orlando, prefecto de Manabí.
Orlando había presentado ese recurso de apelación a la Corte Constitucional ante las derrotas legales que había sufrido en dos instancias anteriores (en la provincia de Los Ríos) por el contrato de un sistema de riego para las comunidades Kilómetro 16, San Agustín y Km 21 de los cantones Sucre y Tosagua.
Esa obra cuesta 13’877.057 dólares y la prefectura decidió terminar unilateralmente el contrato y declarar a la compañía Ranicor SA, como incumplida.
La acción extraordinaria de protección que pidió Leonardo Orlando buscaba que se declare la vulneración de los derechos, la falta de competencia del juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puebloviejo de Los Ríos, que se declare la nulidad de la sentencia impugnada, que se inadmita la acción de protección presentada por el contratista y que se llame la atención a los jueces de la Sala Provincial
de Justicia de Los Ríos (“Sala Provincial”) por confirmar la sentencia de la Unidad Judicial de Puebloviejo.
Tito Alí Álvarez Parreño, representante legal de la compañía, fue quien presentó una acción de protección en contra Orlando luego de que la Prefectura de Manabí terminara de manera unilateral el contrato de la construcción del sistema de riego.
Un juez de Puebloviejo aceptó la acción de protección planteada y declaró la vulneración de los derechos constitucionales al contratista.
Álvarez dijo a Medios Ediasa que están tranquilos ante esta nueva resolución a favor; y que la Corte lo que ha hecho ratificar las sentencias de las dos primeras instancias en la provincia de Los Ríos, y que se ha actuado de manera legal.
Adelantó que ya ha habido reuniones con funcionarios de la Prefectura, y que cree que las partes cumplirán con lo dispuesto por la justicia.
Las reuniones han sido para coordinar las correcciones que hay que hacer y las pruebas necesarias a la obra ya ejecutada.
Indicó que el proyecto tiene 2 años y medio paralizado. Esperan ahora que el GPM cancele los valores que estaban pendientes, aproximadamente 380 mil dólares. La empresa Ranicor SA. El plazo que aún tienen para terminar el trabajo es de 116 días.
La versión del prefecto aún no se ha logrado obtener. Según la Prefectura quien se va a pronunciar sobre este tema es el procurador síndico del GPM, Joel Alcívar.
En noviembre del 2020 Orlando dijo esto sobre este caso.
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