El relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán, advirtió este miércoles que el Estado ecuatoriano no está acatando la orden de excarcelación dictada por un juez para Jorge Glas, que fue vicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
García-Sayán afirmó que la orden judicial para liberar a Glas, quien cumple dos condenas firmes por corrupción, “no estaría siendo acatada ni ejecutada por las autoridades del Ejecutivo”.
“Sigo de cerca la situación”, señaló en redes sociales García-Sayán, después de que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso manifestara su negativa a proceder con la liberación de Glas al considerar que el hábeas corpus otorgado al exvicepresidente contiene irregularidades.
Además, García-Sayaán recordó en su pronunciamiento “los Principios Básicos de la Independencia de la Judicatura vigentes desde 1985”, con los que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, de modo que “una orden judicial firme debe ser cumplida”.
Asimismo, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y exministro de Perú recordó también que “la judicatura debe garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes”.
JUEZ DETENIDO
El juez Rubén Molina, que otorgó el hábeas corpus a favor de Glas, fue detenido en la madrugada de este miércoles por la Policía, después de que la Fiscalía le abriera una investigación a raíz de una denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura por supuesta usurpación de funciones.
De acuerdo a la denuncia citada por la Fiscalía, Molina, juez en la ciudad de Portoviejo, emitió 3 órdenes de excarcelación, entre ellas la de Glas, a las 16.46 hora local del 5 de agosto, “cuando ya se encontraba inhabilitado, debido a que fue llamado a juicio en otra causa, a las 13.00 de ese día”.
Tras conocerse la decisión del juez Molina, el Gobierno manifestó su negativa a proceder con la liberación de Glas al considerar que existen varias irregularidades en el hábeas corpus, y anunció que el Estado recurriría la decisión para evitar lo que tildó de “anarquía judicial”.
Según el Ejecutivo, la decisión fue emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, pero el juez “la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, sin que ellos hayan presentado la acción”.
Asimismo, el Gobierno reparó en que ni la Procuraduría, ni el Servicio Penitenciario fueron convocados, y recordó que Glas ya había solicitado otro hábeas corpus que se encuentra en fase de apelación después de haber sido negado en primera instancia en la Corte Provincial de Pichincha, la jurisdicción correspondiente.
ABOGADOS VEN “TRATO INHUMANO”
La abogada Sonia Vera, integrante del equipo de defensa internacional de Glas que coordina Christophe Marchand, advirtió en un comunicado del estudio Ius Cogens que si el Gobierno no cumple con la liberación “sería un escándalo internacional”.
Vera también sostuvo que “la negativa por parte del Estado podría ser considerada como tratamiento inhumano y degradante” respecto al estado de salud del exvicepresidente.
Según la abogada, el estado de salud de Glas “es extremadamente grave e imposible de tratar en un entorno carcelario”.
ANULADO PRIMER HÁBEAS CORPUS
A Glas ya le fue concedido un primer hábeas corpus en abril que le permitió salir en libertad 40 días hasta que la Corte de Justicia de la provincia costera de Santa Elena lo revocó por no ser la jurisdicción correspondiente para tratar el asunto y por no haber notificado a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
Glas, que fue vicepresidente de Correa y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y fue condenado en firme en 2 casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años).
También fue condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el caso “Singue”, que todavía está en fase de apelación.
El exvicepresidente siempre ha negado las acusaciones y ha denunciado una persecución política en su contra. EFE
