El presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, dio nuevas declaraciones tras la disolución de la Asamblea Nacional.
El primer mandatario aseguró que ha antepuesto a “Ecuador por encima de cualquier interés personal”.
Lasso, en una entrevista para la cadena de televisión CNN, indicó que ha reducido su programa de gobierno “voluntariamente”.
Además, aseguró que esta decisión es “de un calado muy profundo que no se toma en un minuto ni un día”.
“Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos”, criticó.
Asimismo, indicó que la decisión de disolver la Asamblea Nacional es porque el legislativo tenía un “macabro plan” para “tomarse el control de las instituciones del Estado” y agilizar el retorno de Rafael Correa.
El expresidente, quien es prófugo de la justicia y vive en Bélgica, está sentenciado en el caso de corrupción Sobornos 2012-2016.
La Corte Nacional de Justicia impuso una condena de ocho años de cárcel a los autores mediatos y coautores, entre ellos Correa y Jorge Glas.
Lasso: “No esquivé el juicio político”
El mandatario ecuatoriano aseguró que sus oponentes pretendían” destituirlo sobre “la base de un contrato que no fue firmado” durante su Gobierno. Por eso sostiene que lo están acusando sin pruebas. “No esquivé el juicio político. No he cometido ningún pecado”, subrayó.
“Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior”, declaró.
“En mi periodo de Gobierno no hay un solo negociado en empresas públicas. No hay un solo caso. Por eso digo que hubo una acusación perversa que no tuvo pruebas, ni testigos”, ha subrayado el mandatario.
Muerte Cruzada
Lasso invocó este miércoles, 17 de mayo del 2023, la ‘muerte cruzada’, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado. A día de hoy, ha apuntado, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización” sino que se limita a la “obstrucción’.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.
El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.
