Los más de 3 mil profesores y trabajadores del sector educativo no pueden acceder a servicios financieros y a la prestación de ciertos servicios de salud especializados por el incumplimiento del Ministerio de Educación y problemas que se generan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El Estado debe impulsar y aplicar acciones de forma inmediata para lograr la solución de este inconveniente y facilitar el acceso a los servicios que deben recibir estas personas.
Es necesario que se garantice el ejercicio pleno de los derechos básicos, entre ellos la salud, la vida y adecuados servicios económicos y financieros.
La imposibilidad de hacer retiros, realizar créditos, entre otros, es un problema serio en época de urgencias económicas y de pandemia.
“Es un problema serio en época de urgencias económicas y de pandemia”.
No se puede alegar un desconocimiento o una falla administrativa para justificar una vulneración tan evidente, más cuando el problema se mantiene desde el año 2019.
A la par, se debe desarrollar una investigación que permita definir de una vez por todas a los responsables de que esto pase y, además, de que no tenga una solución por tanto tiempo.
Un tema como este no puede seguir sin tener castigo, por eso es imprescindible que se ejecute una acción legal contra quienes cometieron la acción o la omisión que ha causado este daño.
Editorial de El Diario publicado este lunes 25 de abril del 2022 en nuestra edición impresa.
