El Estado debe analizar bien los casos de los privados de la libertad que puedan ser beneficiarios de los indultos dispuestos por el Ejecutivo.
El decreto 355, firmado como parte de las acciones de la política pública del sistema de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, determina quiénes pueden recibir el indulto.
Los beneficiarios deben cumplir sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa, abuso de confianza; haber cumplido entre el 40 y 60 % de la pena; no tener otras sentencias, medidas cautelares ni procesos; no haber sido sancionado desde su ingreso a la prisión.
“El proceso debe ser bien analizado y estar a cargo de personas probas”.
Se debe estudiar cada caso para evitar que se pretenda conceder la libertad a personas que representan un peligro, pero también que haya funcionarios que pretendan aprovecharse para sacar partidos en favor de sus intereses. El proceso debe ser bien analizado y estar a cargo de personas probas.
Los indultos son un paso adecuado para disminuir la población carcelaria, pero también el sistema debe dar un giro hacia una verdadera rehabilitación social, que vaya más allá del membrete.
Las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del crimen o ínsulas de poder de las mafias.
Editorial de El Diario publicado este lunes 28 de febrero del 2022 en nuestra edición impresa
