Lo ocurrido ayer en la cárcel de Turi, en Cuenca, es parte de una tristemente habitual forma de violencia dentro de los denominados centros de rehabilitación social del país.
Los grupos delictivos, hasta la saciedad identificados, han tomado el control de estos recintos, de manera que los episodios violentos, como el de ayer, se repiten sin que haya, hasta ahora, un método para prevenirlos.
Es evidente que ni los circuitos de vigilancia funcionan y que los decretos de emergencia no han dado resultado.
Las cárceles se han convertido en escuelas de la delincuencia, en las que grupos armados imponen el terror dentro y fuera de ellas. La sociedad ve con preocupación la inseguridad en estos lugares que, se supone, deben estar vigilados y controlados, y que se extiende a las calles, donde campea sin obstáculos.
“Los decretos de emergencia emitidos por los tres últimos gobiernos no han dado resultado”.
La Ley de Seguridad Integral, propuesta por el Ejecutivo, tiene como uno de sus ejes el combate al hacinamiento en cárceles y normas para la administración de estos centros. Es posible que allí esté, en parte, la solución a este problema que cada vez es más grave y preocupa.
Lo importante es que se la analice y mejore, sin otro interés que el servicio a los ciudadanos.
El Estado debe buscar mecanismos integrales de control a la violencia carcelaria, antes de que el problema se desborde aún más.
Editorial de El Diario publicado este lunes 4 de abril del 2022 en nuestra edición impresa.
