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La inconformidad de determinadas organizaciones políticas con las actuaciones del Ejecutivo no tiene por qué conllevar a manifestaciones de violencia o a amenazar con medidas de hecho que vulneran los derechos de las mayorías y se contraponen a la voluntad popular.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha anunciado la ruptura del diálogo con el Gobierno y ha dicho que aplicará el derecho a la resistencia. La razón: el Ejecutivo no dio paso al pedido de congelar los precios de los combustibles.

Se trata de inconformidades que bien pueden canalizarse en el mismo ámbito que las generó, en este caso, a través de acciones políticas. Es decir, si no están de acuerdo con las leyes propuestas, pueden votar en contra o ausentarse.

“El cierre de vías y la suspensión del trabajo bajo amenazas transgreden derechos”.

Pero es rechazable que se intente menoscabar la decisión de la mayoría de ciudadanos que votó por un proyecto político, bajo amenazas con medidas de presión si algún órgano del Estado no cumple la voluntad de los dirigentes de una organización.

El país no puede regresar a manifestaciones de violencia, caos y vandalismo bajo la excusa del lícito derecho a la protesta y la resistencia. El cierre de vías y la suspensión del trabajo bajo amenazas transgreden derechos  ciudadanos y, como tal, deben ser repudiados con firmeza.

Editorial de El Diario publicado este viernes 8 de octubre del 2021 en nuestra edición impresa.