Es inaudito que alrededor del 90 por ciento de los jueces penales del país trabaje bajo amenazas.
Y que el Estado no proporcione las condiciones de seguridad para garantizar la vida de esos funcionarios.
Y no solamente debería hacerse con ellos, sino también con los fiscales, especialmente con los que tienen a su cargo la investigación de casos complejos relacionados con el crimen, el narcotráfico y otros delitos.
Las declaraciones de un alto dirigente de los funcionarios judiciales revelan las condiciones de inseguridad en las que deben trabajar quienes administran justicia en el país.
En el caso de Manabí, de los atentados contra fiscales y jueces ocurridos en los últimos años aún no se conoce quiénes los ordenaron y por qué.
En el mejor de los casos, se ha procesado a personas involucradas en la ejecución.
Quienes consideren necesario que se les otorgue protección deben seguir un trámite que inicia en el Consejo de la Judicatura y concluye en el Ministerio del Interior.
Mientras, el Estado sigue asignando vigilancia permanente a personas en conflicto con la ley.
Y son personas que reciben el beneficio de arresto domiciliario o prelibertad.
Son paradojas de la justicia.
Editorial de El Diario publicado el domingo 7 de mayo del 2023 en nuestra edición impresa.
