Tras el acuerdo con el que se terminó el paro, es necesario un baño de justicia en Ecuador.
Justicia social, que implica que el Estado preste más atención a los grupos marginados, como los indígenas de la Sierra, como las áreas rurales de la Costa.
Caso contrario siempre estará latente la posibilidad de un nuevo levantamiento y protestas violentas que terminan causando más destrucción que los beneficios que generan.
Y también debe haber justicia ordinaria. Para que quienes cometieron actos vandálicos y hasta terroristas, paguen por sus actos, así sean dirigentes de la Conaie, sus seguidores o infiltrados.
No debe quedar en la impunidad la agresión física a los ecuatorianos, la destrucción de la propiedad privada, el sabotaje a bienes del Estado y a empresas privadas. Quienes traicionaron el llamado a una marcha pacífica deben pagar. Sería un pésimo precedente que no sea así.
“Ecuador demanda justicia social y justicia ordinaria”.
El mundo de hoy, a través de los vídeos de los celulares, ofrece tanta prueba, que sería vergonzoso que la Fiscalía y la Justicia no cumplan con su deber. El país debe estar vigilante.
Las protestas y las marchas son bienvenidas siempre en un país libre. Justamente para preservar este derecho, las atrocidades de la reciente deben ser sancionadas.
La firma del acta del fin del paro no debe generar impunidad.
Editorial de El Diario publicado este viernes 1 de julio del 2022 en nuestra edición impresa.
