La Fiscalía y la Policía deben investigar la serie de atentados que se han perpetrado contra la justicia, en la figura de los servidores judiciales y de las instalaciones físicas.
Atentados como los de ayer en Portoviejo, con la detonación de un artefacto explosivo, en el complejo judicial evidencia el nivel de desprotección de la justicia y de todos.
En Manabí, fiscales y jueces están contabilizados entre las víctimas de atentados contra la justicia.
Una fiscal fue asesinada y dos jueces sufrieron heridas en los dos últimos años.
Según el Consejo de la Judicatura, cinco funcionarios de diferentes rangos han recibido amenazas de muerte, extorsión, entre otras formas de violencia.
“Los ataques buscan interferir en los fallos y afectar a la correcta administración de justicia”.
Acciones de esta naturaleza buscan interferir en los fallos, afectando la equidad y la imparcialidad de los procedimientos.
Por el bien del sistema de justicia, es necesario que se investigue con detalles qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables del atentado de ayer.
Eso muestra cómo el terror va mermando la tranquilidad ciudadana.
Además de la necesidad urgente de que el Estado disponga formas de protección para las entidades y las personas que integran el sistema de justicia.
Editorial de El Diario publicado el sábado 8 de julio del 2023 en nuestra edición impresa.
