Hablar de incapacidad mental del Presidente de la República para tratar de enjuiciarlo políticamente y llegar a su destitución es recurrir a una figura forzada.
La Asamblea Nacional está en su obligación de fiscalizar y, de ser el caso, censurar a quienes cometen irregularidades en el manejo de lo público.
Esto es lo adecuado, siempre y cuando se lo haga con fundamentos y apegados al marco jurídico.
Pero anunciar que, si la Corte Constitucional no da paso a la propuesta de enjuiciamiento del mandatario se podrá recurrir a la incapacidad mental para destituirlo, muestra que la verdadera intención.
Además anunciar protestas en las calles, muestra que la verdadera intención no es actuar en defensa de los intereses del país, sino desestabilizar al Gobierno.
“La incapacidad mental no puede sustentarse en pareceres u opiniones”.
La incapacidad mental, como causal de destitución del Presidente de la República, es un recurso que ya se ha utilizado antes.
Y esa causal no puede sustentarse en pareceres o en opiniones de grupos opositores al Gobierno.
Se hace un llamado a los poderes del Estado para que, en lugar de esta pugna que afecta no solamente a la imagen del país, busquen instancias de diálogo y consensos en torno a los problemas nacionales.
Esta pugna además agudiza la incertidumbre jurídica que, a su vez, se proyecta en lo social y lo económico,
Editorial de El Diario publicado este domingo 5 de marzo del 2023 en nuestra edición impresa.
