El actual Código de Trabajo es una ley antigua y rígida, que beneficia solo a un tercio de la fuerza laboral del país, a la que percibe el llamado salario pleno; al resto, no le sirve.
Las disposiciones que contiene esta norma impiden que las empresas generen más empleo, así como que quienes están desempleados o en empleo no adecuado puedan tener acceso a una plaza laboral o a una mejor remuneración.
En el país, dos de cada tres ecuatorianos no tienen trabajo o perciben menos del salario básico. Este grupo mayoritario está fuera del amparo del Código de Trabajo, pero debería tener alguna opción.
“El país necesita nuevas formas de contratación, más flexibles y convenientes”.
Por estos días, el Gobierno prepara un proyecto de ley para la generación de empleo, sin tener que reformar el Código de Trabajo. Bien por ello. Y es de esperar, también, que se posibiliten nuevas formas de contratación, de manera que se pueda escoger entre el régimen actual y uno nuevo, más abierto y menos restrictivo.
Este año de pandemia ha profundizado la crisis que ya se vivía en Ecuador. Las consecuencias que ha tenido sobre el empleo y la economía requerirán de mucho tiempo para recuperarse, pero, sobre todo, de la predisposición y la creatividad de los ciudadanos.
Por su parte, las fuerzas laborales deben entender que el país necesita nuevas formas de contratación para recuperar y tener mejores niveles de empleo.
