Para el combate a la corrupción no hace falta que se dicten más leyes sino que exista una correcta aplicación de la justicia.
No deja de ser loable que los legisladores estén empeñados en mejorar el ámbito de las leyes, pues para eso fueron electos, pero en el puntual caso de la corrupción el problema no está en la falta de severidad ni en la inexistencia de normas; más bien se puede atribuir a la falta de una adecuada aplicación en lo jurídico.
No son pocos los casos en los que la justicia tarda o no llega. Cuando esto ocurre, se siembra inequidad, los ciudadanos pierden la confianza en quienes administran justicia, y la corrupción se campea con impunidad por las instituciones, no solamente en el ámbito público sino también en otros sectores.
La corrupción tiene muchas formas y, aunque suene contradictorio, también ha contaminado a jueces, fiscales y otros sujetos judiciales. Por ello, hace falta una veeduría que analice fallos controvertidos y pida su revisión, de ser necesario. También se requieren autoridades que prioricen la justicia por sobre lo personal y político.
Todos los esfuerzos que se hacen actualmente por mejorar las leyes tendrían mejores resultados si se canalizaran para mejorar el sistema judicial y para asegurarse de que los jueces cumplan en forma correcta su rol en la sociedad.
