Los precios de los productos no tienen por qué depender de decisiones estatales, sino que, en la práctica, son el resultado de una serie de variables económicas y, hasta, sociales. Los precios oficiales, incluso los de sustentación, sirven de muy poco.
Con frecuencia, los productores se quejan de que en épocas de abundancia los comerciantes pagan por debajo de los niveles establecidos.
La llamada ley de la oferta y la demanda es la que regula los precios, en forma natural. Si hay escasez y alta demanda, los precios suben; si hay abundancia o la demanda disminuye, los valores bajan.
Un precio por debajo del mínimo desmotiva al productor que decide no arriesgar su capital y su esfuerzo; en cambio, un precio muy alto puede incentivar al productor pero desmotiva al comprador.
“La llamada ley de la oferta y la demanda es la que regula los precios”.
Debe propenderse a un equilibrio. Más bien, lo que debería controlarse es la calidad de los productos y los procesos productivos; además, de ser necesario, colaborar para que los productores adopten formas más eficientes de trabajar.
Exigir, de parte de organizaciones privadas, que el Gobierno controle los precios de los productos básicos es inoficioso. No se puede intervenir en un mercado de bienes de libre disponibilidad, a menos que se trate de monopolios estatales.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 27 de julio del 2022 en nuestra edición impresa.
