La decisión de la Junta de Política y Regulación Monetaria de que los pagos de servicios públicos como la electricidad, el agua, la telefonía, la recolección de basura y otros que se proveen a través de empresas públicas, cuyos montos excedan los 76 dólares, se hagan a través de medios electrónicos es un claro abuso que atenta contra la libertad de las personas de manejar el dinero conforme sus costumbres y necesidades.
Este tipo de medidas obliga a la bancarización de los usuarios de estos servicios, cuando hay muchas personas que por algún motivo prefieren manejar dinero en efectivo.
No debería ser obligatorio por montos tan bajos, como los del consumo promedio de los hogares; en cambio, sí podría darse por valores que superen los 5 mil dólares, por ejemplo, por controles de lavado de dinero.
“El pago con transferencias no debería ser obligatorio por montos tan bajos”.
Por el legítimo afán de reducir costos o bajo la cuestionable intención de centralizar las recaudaciones estatales, no se puede sacrificar la atención a los ciudadanos y quitar facilidades a los usuarios de los servicios públicos.
Es, a todas vistas, un retroceso cuando la tendencia es a modernizar servicios y eliminar procesos innecesarios.
El Estado abusa de su condición de dueño de empresas monopólicas.
Editorial de El Diario publicado este sábado 13 de agosto del 2022 en nuestra edición impresa.
