Es oportuno que el Gobierno haya decidido la suspensión de las multas a través de radares en algunas de las vías del país.
Las autoridades han hecho conocer anomalías que convirtieron a estos dispositivos, a criterio de los voceros oficiales, en generadores de multas que sancionaban indiscriminadamente a los conductores para favorecer intereses particulares.
Ahora, se dice, tendrán un rol preventivo.
Al parecer, lo que no estuvo claro fueron las condiciones para la ubicación, funcionamiento y operatividad del sistema de radares. Las notificaciones a destiempo de las sanciones ponen en indefensión a los multados.
Es cierto que han servido para que los conductores reduzcan la velocidad en zonas con alta accidentabilidad. Pero existen quejas por los problemas que han ocasionado a conductores.
Lo que ahora debe hacerse, tanto en los procesos de contratación como las condiciones de funcionamiento, es revisar y mejorar los parámetros de funcionamiento e instalación.
También establecer mecanismos de control de rutina que operen con eficiencia.
Los radares deben contribuir, en su rol primario, a reducir el riesgo de accidentes. Esa es su misión, no la de obstaculizar el tránsito y multar a conductores.
Editorial de El Diario: Publicado el 15 de septiembre del 2024 en nuestra edición impresa.
