Las reformas estructurales para dinamizar la inversión y mejorar el empleo deben convertirse en una prioridad nacional.
Ecuador arrastra un problema laboral crónico que no puede postergar si se quiere un país competitivo y productivo. Sin cambios de fondo en la normativa y en la política pública, el mercado de trabajo seguirá estancado y millones de personas continuarán atrapadas entre el desempleo y la precariedad.
Las cifras oficiales confirman la gravedad del panorama. Datos del INEC muestran que en noviembre de 2025 el empleo pleno alcanzó apenas el 36,3% a escala nacional. Esto implica que cerca del 63% de la población económicamente activa se encuentra desempleada o subempleada. Es una realidad que limita el crecimiento económico, reduce ingresos fiscales y aumenta la brecha social.
La informalidad es otra señal clara de la urgencia de reformar. El 53,8% de los trabajadores se desempeña sin seguridad social ni estabilidad, una situación que afecta derechos y afecta la sostenibilidad del sistema.
El Código de Trabajo, con más de ocho décadas de vigencia, mantiene rigideces que ya no responden al mundo laboral actual. Modernizarlo, con responsabilidad y equilibrio, es clave para atraer inversión y generar empleo digno.
Feliz año nuevo.
