La Fiscalía General del Estado finalizó este domingo 14 de junio del 2026 la presentación de sus testigos y 116 documentos de prueba en el caso Triple A, investigación por presunta comercialización ilegal de combustibles.
El Tribunal de Garantías Penales suspendió de inmediato la audiencia de juzgamiento, cuya reinstalación aún no tiene fecha definida.
Avance de la acusación
La diligencia judicial, que se prolongó durante varias jornadas con extensas sesiones que incluyeron horas de la madrugada, concluyó tras más de seis horas de trabajo este domingo. El tribunal está conformado por los jueces Clara Soria Carpio, Víctor Barahona Cunalata y Jorge Sánchez Pico, quien actúa como ponente.
La fiscal Ruth Amoroso dirigió la última fase de la acusación. Presentó como testigo a un capitán de la Policía Nacional que participó en el allanamiento realizado en la estación de combustibles Buena Vista, ubicada en la provincia de El Oro. En la audiencia se procedió con la lectura íntegra de los 116 documentos contenidos en siete cajas.
Cifras de la pericia
El sábado anterior se habían recibido los testimonios de dos testigos, entre ellos una perita que evaluó posibles ventas irregulares de diésel durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Su informe se basó en información tributaria, comercial e informática obtenida del Servicio de Rentas Internas (SRI) y otros registros oficiales.
De acuerdo con los datos expuestos, en el segmento automotriz se habrían comercializado 2'447.524 galones de combustible en exceso, generando ingresos por 6'722.591 dólares. En el segmento industrial se reportaron 15.830.167 galones por un monto de 43.949.223 dólares. En el segmento naviero se detectó la venta irregular de 4.499.500 galones de diésel a la embarcación internacional Txopituna, por un valor de 10.830.843 dólares.
Impacto económico estimado
En total, la pericia identificó 22'777.191 galones de combustible por un valor de 61'502.658 dólares que, según la acusación fiscal, representan recursos que no ingresaron a las cuentas de la empresa pública Petroecuador.
En el proceso penal se encuentran procesadas 22 personas, de las cuales quince son naturales y seis son jurídicas. Entre los acusados consta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y varias empresas vinculadas a su familia dedicadas a la venta de combustible.
Los hechos se investigan como presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Participación de las partes
Aquiles Alvarez siguió la audiencia de forma virtual desde la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena. Una vez concluida la intervención de la Fiscalía, las defensas de los procesados realizaron sus respectivos contrainterrogatorios. La defensa de dos empresas jurídicas solicitó expresamente que no se admitan las pruebas de carácter digital presentadas por la acusación.
El caso Triple A se originó tras una denuncia presentada por Nicole Dixiana Bermúdez Peña, funcionaria de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), quien figura como una de las testigos de esa institución. La próxima etapa del juicio contemplará la comparecencia de testigos de la ARCH y de Petroecuador, que actúan como acusadores particulares.
Una vez suspendida la audiencia, el Tribunal evaluará la admisibilidad de las pruebas y determinará la fecha para continuar con la evacuación de los testigos restantes.
