La devolución del IVA a los adultos mayores en Ecuador enfrenta una nueva batalla judicial que podría redefinir el beneficio tributario. El Frente Nacional por un Nuevo IESS interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La organización busca revertir la drástica reducción que, desde enero de 2026, desplomó los montos que reciben los jubilados.
La reforma que encendió el conflicto modifica el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que administra el Servicio de Rentas Internas (SRI). A partir del primer mes de 2026, el consumo de combustibles, las comunicaciones y otros rubros que antes se reconocían quedaron fuera del reembolso. Al desaparecer esas categorías, los valores se derrumbaron de inmediato.
La devolución del IVA solo cubre cinco gastos de subsistencia
Con el nuevo reglamento, la devolución del IVA quedó limitada a cinco conceptos: alimentación, vestimenta, salud, educación y vivienda, esta última solo en materiales. Así lo detalló Rodrigo López, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), a diario Expreso. El tope máximo que el SRI reconoce equivale al 30 % del salario básico unificado.
Ese salario se ubica hoy en 482 dólares, por lo que el reembolso no puede superar los 144 dólares mensuales por persona. Hasta diciembre de 2025, la mayoría cobraba entre 80 y 100 dólares, afirmó Henry Llanes, presidente del Frente, al mismo medio. Desde enero, esos importes se derrumbaron por debajo de los 20 dólares. "Muchos jubilados tienen un vehículo y pagan combustible con su pensión, y casi todos usan telefonía celular, que dejó de ser un lujo para volverse un servicio básico", explicó Llanes a Expreso.
El dirigente detalló que varios beneficiarios pasaron a recibir 6, 9 o 12 dólares, y que a un afiliado apenas le devolvieron 0,80 centavos. Agregó que ese ingreso solía cubrir necesidades prioritarias: medicinas, gastos del hogar y apoyo a hijos sin empleo y a nietos en edad escolar. Por lo tanto, el achicamiento de la devolución del IVA impacta directamente en la estabilidad de las familias.
Plazos legales que nadie cumple
El reglamento fija que la devolución debe entregarse en un máximo de 60 días para los adultos mayores y de 90 días para las personas con discapacidad. Llanes advirtió a diario Expreso que esos plazos no se cumplen y que algunos beneficiarios esperan hasta un año completo por el reembolso. Calificó el retraso como un maltrato directo a los adultos mayores y a sus familias.
El vocero recordó que en la administración anterior el dinero llegaba unos quince días después del mes siguiente. Precisó que el sistema de devolución funciona y opera digitalmente desde hace más de una década, por lo que las demoras no responden a trabas técnicas, sino a decisiones administrativas.
Derechos constitucionales en juego
El Frente sostiene que el recorte de la devolución del IVA vulnera garantías constitucionales. Invoca el artículo 37, numeral 5, que reconoce exenciones en el régimen tributario para los adultos mayores, y el artículo 36, que ordena atención prioritaria a ese grupo. La organización insiste en que los jubilados no deberían pagar ningún tributo, ni IVA ni impuesto a la renta.
Retener el reembolso, argumenta el colectivo, equivale a cobrarles un impuesto del que están exentos. La pelea judicial ya pasó por un juez de primera instancia y por la Corte Provincial de Pichincha, que ratificó la negativa. Ahora, la Corte Constitucional definirá si corresponde restituir la devolución del IVA en sus montos previos a enero de 2026.
La lógica fiscal y la presión del FMI
La devolución del IVA forma parte del gasto tributario, es decir, los ingresos que el fisco deja de percibir por exenciones. López explicó a Expreso que esa bolsa creció con los años y que actualmente supera los 300 millones de dólares anuales en reembolsos a la tercera edad. El recorte responde al programa de consolidación fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo compromete al país a reducir ese gasto de forma gradual. La meta, dijo López, es que quienes tenían exenciones empiecen a tributar. Pablo Hidalgo Romero, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincidió con el diagnóstico. Precisó al citado medio que el plan prioriza el ahorro, aunque la eficiencia buscada no siempre coincida con lo socialmente deseable.
Una alternativa: topes en vez de eliminación
López manifestó a Expreso que excluir rubros por completo no era la ruta correcta. Lo razonable, dijo, habría sido fijar topes por categoría: por ejemplo, reconocer gastos de transporte hasta 20, 30 o 40 dólares al mes, en lugar de eliminarlos. Así se evitaría cubrir consumos altos de carácter no personal, sin dejar fuera a quienes necesitan movilizarse o comunicarse.
Además, estimó que el gobierno no tocará más rubros vinculados a la tercera edad para no agravar el malestar social. Hidalgo, por su parte, subrayó que el impacto es menor a escala macroeconómica, pero castiga a un grupo vulnerable que depende de esos recursos para cubrir necesidades básicas. Comparó la situación con el efecto del alza de los combustibles tras el retiro del subsidio.
Dinero que ya no irriga la economía
López añadió una lectura económica: los 300 millones de dólares que cada año se reintegraban a los adultos mayores se inyectaban en la economía y la dinamizaban. Con el recorte, dijo a Expreso, ese flujo se reorienta hacia otras obligaciones de la Cuenta Única del Tesoro y deja de llegar a los jubilados. Así, la contracción de la devolución del IVA afecta también al consumo local.
Como compensación, Hidalgo propuso facilitar a los adultos mayores la compra de medicinas con mayores descuentos. Sin embargo, advirtió que cualquier subsidio adicional chocaría con la meta de reducir el gasto público pactada con el FMI. La decisión final queda en manos de la Corte Constitucional, que definirá si el recorte se mantiene o si los montos originales se restituyen.
