La violencia ha cruzado una línea inadmisible: ni siquiera los hospitales, espacios destinados a salvar vidas, están siendo respetados por la delincuencia. 

El reciente atentado contra un hombre que permanecía internado en una casa de salud pública, recuperándose de heridas sufridas en otro hecho violento, confirma que las medidas anunciadas por las autoridades siguen siendo insuficientes. Médicos, enfermeros, pacientes y familiares corren el riesgo de ser víctimas colaterales de una inseguridad que no reconoce límites.

No es la primera vez que ocurre un ataque de esta naturaleza en Manabí. La repetición de estos hechos evidencia una falla en los protocolos de protección dentro de los hospitales. El "código plata", que fue diseñado para responder ante eventos violentos en centros de salud, debe ser más riguroso, preventivo y operativo. 

Los hospitales que reciben heridos por balaceras, atentados o enfrentamientos deben contar con resguardo permanente de policías y militares. Además, urgen controles de acceso estrictos, equipos detectores de armas, monitoreo constante y protocolos internos claros para actuar ante amenazas.

El Estado tiene la obligación de invertir en infraestructura y tecnología que conviertan a los hospitales en espacios seguros.