El endurecimiento de las penas por delitos como la extorsión y el secuestro es necesario, pero la reforma será insuficiente si no va acompañada de una justicia que la aplique con rapidez y firmeza.
El crimen organizado intimida a comunidades, negocios y familias. Las ‘vacunas’ no solamente causan temor, sino que aumentan la percepción de inseguridad, desestimulan la inversión y ponen en riesgo la vida de las personas.
Por ello, es plausible que se proponga reformar las leyes, pero también es necesario corregir las debilidades del sistema judicial para evitar la impunidad. De nada vale que, como ahora, se detenga a un delincuente si a los pocos días está de nuevo en la calle, delinquiendo.
En ese contexto, el debate legislativo no puede reducirse a discursos políticos, sino que requiere propuestas de fondo que lleven a un cambio de la realidad. La prioridad debe ser dotar al Estado de herramientas eficaces para investigar, procesar y condenar a quienes dirigen las estructuras criminales.
La reforma debe fortalecer la inteligencia policial, proteger a testigos y víctimas, y garantizar jueces y fiscales que actúen con independencia y celeridad.
Si no se trabaja de manera integral, las reformas pueden quedar en letra muerta. Y eso sería un espaldarazo para la violencia y la impunidad.
