Las parroquias rurales de Portoviejo están a las puertas de un logro histórico con el acceso permanente al agua potable a través del proyecto Triple A. Ese avance merece respaldo, pero también exige un manejo responsable del sistema.
El proyecto permitirá que sectores históricamente relegados reciban un servicio que durante décadas fue una aspiración. Pocos cantones del país, incluso algunos más poblados, cuentan con una infraestructura semejante. Ese resultado responde a una política pública sostenida durante las alcaldías de Agustín Casanova y Javier Pincay y constituye un motivo legítimo de reconocimiento para la ciudad.
Sin embargo, el éxito de la obra dependerá también de su administración. Establecer tarifas subsidiadas sería un error porque pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de una obra que demandó una fuerte inversión pública y un compromiso de pago a largo plazo. Si la tarifa se fija por debajo del costo real del servicio, los ingresos no alcanzarán para cubrir las obligaciones del crédito. En ese escenario, el Ministerio de Finanzas descontará los valores pendientes de las asignaciones ordinarias del cantón, limitando recursos destinados a nuevas obras.
Cuidar esta inversión exige decisiones técnicas y no cálculos políticos. El agua debe pagarse con una tarifa justa para garantizar su continuidad y proteger el futuro de Portoviejo.
