En Ecuador, desde enero de 2024, el Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró el "conflicto armado interno" contra las bandas narcoterroristas. Eso les dio a las Fuerzas Armadas más herramientas legales, más poder y más facultades para actuar, pero también ha generado denuncias de abusos.
El conflicto armado interno se produce cuando existen enfrentamientos prolongados dentro de un mismo país, entre las fuerzas del Estado y uno o más grupos armados organizados.
Además, ocurre cuando un país deja de tener únicamente problemas de seguridad y pasa a enfrentar combates similares a los de una guerra dentro de su territorio. Es diferente de una guerra entre países. Aquí todo ocurre "puertas adentro". Existen tres características clave para que sea considerado así: intensidad, organización y participación de grupos armados organizados.
El terrorismo puede estar presente, pero el conflicto armado es más amplio. Al declararlo "conflicto armado interno", se activa el Derecho Internacional Humanitario. Eso obliga a las partes a proteger a los civiles, hospitales y escuelas; tratar adecuadamente a los prisioneros y permitir la ayuda humanitaria. Sin embargo, en Ecuador estas medidas se cumplen a medias.
En nuestro país se han utilizado dos figuras desde enero de 2024, pero no son las mismas. El estado de excepción está basado en el artículo 164 de la Constitución y es una medida temporal y emergente para "ordenar la casa".
El conflicto armado interno tiene su base en el Derecho Internacional Humanitario. En Ecuador se declaró mediante el Decreto Ejecutivo 111, del 9 de enero de 2024, y se ratificó con el Decreto 424, del 18 de junio de 2026. Es decir, han transcurrido dos años desde que se pasó del "operativo policial" a la "lógica de guerra interna" contra las mafias.
Además, tiene como marco legal la Constitución del Ecuador y el Derecho Internacional Humanitario. El enemigo número uno es la delincuencia común organizada en grupos armados calificados como terroristas.
La figura del "conflicto armado interno" ha generado debate en la sociedad ecuatoriana porque implica un mayor uso de la fuerza letal, menos garantías procesales y un mayor rol militar en la seguridad interna. Esto ha derivado en denuncias de abusos contra la población civil, crímenes y hasta desapariciones durante estos últimos días, en los que familias enteras han sido perjudicadas, ya que aún no encuentran por ningún lado a sus familiares.
