Ecuador se encuentra ante un nuevo frente de profundización de la crisis social y económica. Esta vez no será una discusión técnica lejana: la sentirás en tu barrio, en los servicios públicos que ya funcionan con dificultad, en el mantenimiento de los parques, en la limpieza de tu ciudad, en los programas sociales que sostienen a quienes menos tienen. Y, como suele ocurrir, serán ellos los primeros en sentir el impacto.
La reforma al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) aprobada por la mayoría oficialista establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) solo recibirán el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado si cumplen estrictamente la regla del 70/30: destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión y el 30% a gastos corrientes
El problema no es impulsar la inversión. El problema es que la reforma redefine qué se considera inversión. Partidas como el grupo 71 —personal técnico vinculado a proyectos— y el 78 —ciertas transferencias asociadas a inversión— dejarán de computarse como inversión y pasarán a clasificarse como gasto corriente. Eso significa que muchos municipios que hoy ejecutan obras reales, con personal técnico que las diseña, fiscaliza y mantiene, verán reducido su porcentaje de inversión reconocida sin haber disminuido su trabajo.
El incumplimiento no será simbólico. Implicará responsabilidades políticas, administrativas y lo más grave: castigo a la hora de entregar las transferencias que por ley le corresponde a la gente. Es decir, menos recursos para tu ciudad.
Me hubiese gustado mostrar cifras concretas para Portoviejo. Sin embargo, al momento de escribir este artículo no se ha publicado el presupuesto codificado aprobado por el concejo cantonal, pese a que la Ley de Transparencia lo exige. Sin esa información, no es posible calcular con precisión cuánto afecta la reclasificación de las partidas 71 y 78 que de seguro serán unos -cuantos pocos- millones de dólares. La nueva regla 70/30, tal como está planteada, será prácticamente imposible de cumplir y serán los cantones más pequeños los más afectados.
Se ha dicho que la reforma busca frenar despilfarros en fiestas y eventos. Si ese fuera el objetivo, bastaba con prohibir ese tipo de contrataciones. Lo aprobado es mucho más amplio y puede traducirse en reducción de personal técnico, paralización de mantenimiento y debilitamiento de programas sociales. Algunos analistas estiman que podrían producirse entre 20 y 40 mil despidos en los próximos dos años.
Y lo irónico es que esta regla rígida aplica a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, mientras el Gobierno Central puede seguir gastando sin una restricción equivalente.
