La agonía del río Portoviejo no puede explicarse solo por la falta de acción estatal. Es cierto que las decisiones públicas son importantes, pero la responsabilidad es compartida con la ciudadanía.
Durante décadas, el río ha sufrido una presión constante. Se vierten residuos y químicos que degradan la calidad del agua; ciudadanos han deforestado las riberas, acelerando la erosión; las orillas se han convertido en basureros. Cada una de estas conductas ha contribuido al deterioro de un ecosistema vital para Manabí.
La permisividad de autoridades locales ha aumentado los niveles de agresión. Incluso empresas públicas descargan aguas servidas al río del que luego se capta el líquido para abastecer a más de la mitad de la población manabita.
Los esfuerzos de recuperación han quedado suspendidos por falta de continuidad y por la desidia institucional.
La reciente declaratoria judicial que reconoce al río como sujeto de derechos es un paso importante; sin embargo, podría quedar como una simple sentencia si no hay seguimiento y sanciones.
Salvar el río Portoviejo exige un pacto ético provincial. Instituciones y ciudadanos deben asumir su parte del problema y de la solución. Hay que actuar con urgencia.
