El aumento del gasto en personal dentro de empresas públicas y otras instituciones estatales debe explicarse con claridad. Cuando una entidad destina una parte creciente de su presupuesto al pago de salarios, la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones, los objetivos y los resultados de esas contrataciones.
En varios organismos públicos, la nómina ha crecido hasta convertirse en uno de los principales rubros de gasto. Sin embargo, pocas veces se presentan informes detallados que justifiquen la necesidad de más personal o demuestren mejoras en la gestión.
Esta falta de transparencia atenta contra el derecho de los ciudadanos a conocer el manejo de la cosa pública.
También preocupa la escasa fiscalización visible de concejales y consejeros provinciales en los gobiernos autónomos descentralizados. Parte de sus funciones consiste en vigilar el manejo presupuestario y exigir explicaciones cuando el gasto corriente aumenta de forma significativa.
Con frecuencia se atribuye este crecimiento a compromisos políticos más que a necesidades técnicas. Esa percepción solo puede despejarse con datos, auditorías y rendición de cuentas.
La ley prevé los mecanismos de intervención cuando falta transparencia. Es necesario que las entidades obligadas a ello los apliquen.
