Las ciudades no consolidan su desarrollo urbano solo con obras, sino con la colaboración de la ciudadanía, sobre todo en la preservación de la infraestructura.
El vandalismo, el deterioro de mobiliario y el uso desordenado de áreas comunes afectan inversiones que pertenecen a toda la comunidad. Es correcto exigir a los municipios controles efectivos, mantenimiento permanente y aplicación de sanciones cuando corresponda; pero también es indispensable reconocer la responsabilidad de quienes utilizan dichos espacios.
La construcción y recuperación de zonas de uso común demanda recursos públicos que salen de los bolsillos de todos. Cuando aparecen daños intencionales o actividades que ocupan áreas sin orden ni regulación, el impacto no es únicamente visual, sino que afecta a todos los usuarios de esos lugares. Se vulnera la seguridad, se atenta contra el goce colectivo y se debilita el interés en lo público. Y la reparación se costea con fondos institucionales que bien pueden usarse en otras obras.
Las autoridades deben vigilar, ordenar y hacer cumplir las normas. No pueden renunciar a esa función ni hacerse de la vista gorda. Pero ningún sistema de control será suficiente si no se cuidan los espacios que son patrimonio común. Al final, quien paga es la ciudadanía.
