La crisis del emblemático producto es de tal magnitud que ha llevado a pronunciamientos inusitados de las grandes comercializadoras como Del Monte, Chiquita, Dole y Fyffes, reunidas en una nueva organización denominada Asociación de Bananeros de Norteamérica (BANA), que ha dejado atónitos a los elementos que actúan en la poderosa cadena de valor con las declaraciones de su primer director ejecutivo don Tomas Stenzel, al sacudirse y reconocer que los precios bajos que pagan las grandes cadenas de supermercados o comercializadores al por menor hacen imposible la subsistencia de las fincas.
La afirmación ha sido ejemplificada con lo acontecido en plantíos de Costa Rica que han sido abandonados por la imposibilidad de sostenerlos con tan bajos precios que no cubren ni siquiera los costos de producción, peor una razonable utilidad. Esa situación es común a todos los escenarios latinoamericanos, sin que Ecuador se escape a ella, agravada por otros problemas que confluyen en lo mismo, como el impacto del cambio climático, las rebeldes plagas y enfermedades que diezman las plantaciones, los obstáculos operativos por las guerras interminables, la subida de los fletes, combustibles y fertilizantes, que dibujan un negro panorama.
El tema es tan serio que ha obligado a la unión de antagónicos protagonistas de la industria bananera, sugiriendo la conformación de un frente en que estén reunidas las poderosas comercializadoras con los productores latinoamericanos, antes imposible de encontrarse siquiera, lo cual se explica por qué han entendido que a través de la conformación de un frente transnacional, con la inclusión de organizaciones de agricultores, se alcanzaría un acuerdo con las cadenas de supermercados para que se incremente razonablemente el valor de importación, tanto como para aumentar el pago a los productores.
Hemos sugerido que el frente a materializarse tome contacto con los organismos defensores de derechos humanos y los concretos a favor de los agricultores y se cree una corriente de presión que concluya alcanzando el fin señalado, que no debe ser menor a un dólar por cada caja de banano y plátano exportado, rompiendo una inmovilidad vigente en términos reales desde hace 20 años.
Lo menos que podría hacer el régimen es un frontal acompañamiento, cuyos resultados serían favorables a todos los eslabones de la cadena de musáceas comestibles y para el propio Estado, que se haría acreedor a un importante ingreso de divisas no menor a 400 millones de dólares.
