Los transportistas tienen razones para pedir una revisión de las tarifas ante el aumento sostenido de los combustibles y otros costos operativos. Pero es necesario que los incrementos sirvan como punto de partida para modernizar el transporte urbano, pues los usuarios también tienen derecho a exigir un servicio seguro, eficiente y digno.
La renovación de la flota, la incorporación del pago electrónico, el respeto a las paradas establecidas y una mejor planificación de las rutas deben formar parte de un compromiso razonable. Si el ajuste tarifario no conlleva metas, el problema se repetirá en pocos años sin beneficios para la ciudadanía.
No es posible que los municipios permitan que se suspenda o modifique rutas y frecuencias en forma unilateral, cuando los detalles del servicio deben responder a aprobaciones de las autoridades.
Además, los municipios deben analizar costos reales, distancias recorridas, demanda y condiciones, pues no todos los cantones son iguales. Existen usuarios que señalan que en urbes más grandes los recorridos son más extensos y las tarifas incluso son menores, lo que evidencia la necesidad de estudios técnicos y transparencia.
Una tarifa justa debe equilibrar la sostenibilidad del servicio con el interés ciudadano que es, finalmente, la razón de ser de los servicios públicos.
