Si bien la inteligencia artificial ofrece oportunidades en campos tan idóneos como la educación, la productividad y la innovación, su uso debe regularse.
La ausencia de una normativa en este sentido deja espacios para prácticas que afectan los derechos de las personas y vulneran la seguridad digital. La regulación no implica afectar de alguna forma el desarrollo tecnológico, sino establecer límites y responsabilidades para prevenir daños y conflictos mayores.
Europa ha tomado la delantera con la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que clasifica los riesgos y establece obligaciones según el impacto de cada aplicación. El objetivo es proteger a los ciudadanos frente a sistemas que puedan manipular decisiones, vulnerar la privacidad o generar discriminación, con lo que se reconoce una realidad evidente: la innovación necesita controles cuando puede afectar libertades y derechos.
En Ecuador, la IA se ha utilizado para crear imágenes, audios y videos falsos. En entornos políticos, los "deepfakes" han servido para distorsionar campañas, desacreditar adversarios o difundir información falsa. En el ámbito delictivo, facilita fraudes, extorsiones, robo de identidad y otras modalidades sofisticadas de ciberdelito.
Se impone, entonces, la necesidad de impulsar una legislación moderna que, a la par que promueva la innovación, sancione el uso malicioso y fraudulento de estas tecnologías.
