En Ecuador, desde 1928, venimos arrastrando un sistema judicial dentro del cual se administra justicia a través de jueces profesionales, dejando de lado el sistema judicial de juicio por jurados ciudadanos, que nació con la Constitución de la Gran Colombia de 1821 y luego se implantó en la República del Ecuador de 1830, según una publicación digital de El Telégrafo del 6 de junio de 2013. En 1848 llegó a crearse el Código de Enjuiciamientos, que determinaba la forma y el proceso que debían seguir los ciudadanos elegidos como jurado de hecho en causas penales.
Este actual sistema judicial nos deja serias dudas sobre la imparcialidad de los administradores de justicia, jueces y tribunales de las diferentes instancias, ya que el sistema presente se ve tentado por los beneficios económicos y políticos de quienes lideran y caudillan dentro de la sociedad contemporánea.
La ciudadanía ecuatoriana es la única perjudicada por la falta de una verdadera administración de justicia que permita alcanzar una efectiva armonía social. Para salvar a nuestra sociedad de la corrupción judicial, enraizada ya en la administración actual que rige el Consejo de la Judicatura, el único llamado a liderar esa redención es el mismo pueblo, a través del jurado ciudadano o popular, de cuyas raíces va a nacer la verdadera expresión de justicia emanada de distinguidos y connotados señores y señoras de nuestra querida ciudad, provincia y país.
Esperamos que, a futuro, en Ecuador exista un verdadero cambio transformador dentro del cual se permita a quienes estén procesados en diferentes causas penales y civiles elegir someterse voluntariamente a la administración de justicia de un juez profesional o a la administración de justicia de un jurado ciudadano.
Este cambio de sistema jurídico lo que busca en sí es armonía social, justicia social y una verdadera satisfacción popular de lo que conlleva el requerimiento ciudadano, que en sí es encontrar justicia, el resarcimiento de lo perdido en la medida de lo posible o la satisfacción de que el culpable pague una pena.
La actual Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 167, estipula textualmente: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo". Esto claramente nos indica que es el pueblo el llamado a decidir sobre las causas como jueces de hecho, a través de un jurado popular.
Es hora de acabar con el actual desprestigio de la administración de justicia ecuatoriana, y qué mejor que esta propuesta nazca desde ciudadanos portovejenses y manabitas comprometidos con el desarrollo equitativo de la sociedad a favor de nuestro querido pueblo.
