La reducción de ministerios puede ser una medida válida para eliminar duplicidades y contener parte del gasto público, pero no es una reforma de fondo, pues el ahorro que genera resulta limitado frente al tamaño total del presupuesto estatal.
El país necesita una discusión más amplia sobre cómo administra sus recursos y cómo acerca las decisiones públicas a los ciudadanos, que son quienes reciben los servicios.
Históricamente, las principales decisiones administrativas y presupuestarias se han concentrado en el Gobierno central. Ese esquema ha dificultado la respuesta oportunas a problemas locales y ha creado procesos burocráticos que encarecen la gestión pública.
En este sentido, la reorganización de ministerios puede modificar organigramas, pero no corrige por sí sola esas deficiencias. Hace falta una descentralización profunda que permita que municipios, prefecturas y demás gobiernos seccionales asuman mayores competencias y responsabilidades. Así es más fácil evaluar resultados, exigir rendición de cuentas y adaptar las políticas a las necesidades reales de cada territorio.
Se invita al presidente de la República y a la Asamblea Nacional a promulgar reformas que disminuyan el tamaño estatal, fortalezcan la autonomía local y modernicen la administración pública.
