La deuda pública ecuatoriana dejó de ser una cifra reservada para economistas y se convirtió en una carga que compromete el futuro de todos.
Entre 2006 y 2025, la deuda pública pasó de USD 13.500 millones a USD 87.340 millones, según un análisis de un Instituto de una conocida universidad. Buena parte de ese crecimiento ocurrió durante el segundo boom petrolero, cuando el país contaba con ingresos extraordinarios que debieron reducir la necesidad de endeudarse. Sin embargo, numerosos créditos terminaron financiando gasto corriente y déficits permanentes, mientras millonarios recursos fueron absorbidos por la corrupción.
El problema no es la deuda como instrumento financiero. Un Estado puede endeudarse para construir infraestructura o impulsar el desarrollo productivo. Lo inaceptable es que, después de semejante incremento, los ciudadanos sigan enfrentando hospitales deficientes, carreteras deterioradas, inseguridad y servicios públicos que no reflejan el volumen de los recursos comprometidos y un estado obeso con centralismo asfixiante.
Ecuador necesita disciplina fiscal, transparencia y una evaluación rigurosa de cada dólar prestado. Endeudarse sin resultados es trasladar el costo de los errores del presente al futuro de todo un país.
