En Puerto Príncipe y otras regiones de Haití, la violencia infligida por pandillas armadas mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema a más de 6,4 millones de personas hasta mediados de 2026.
La crisis socioeconómica y de inseguridad ha obligado al desplazamiento de 1,47 millones de habitantes de sus hogares, en un contexto donde el plan de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas reporta un déficit de financiamiento del 75%, registrando únicamente la llegada del 25% de los 880 millones de dólares requeridos para la atención de la población.
El control territorial ejercido por grupos criminales en la capital haitiana ha impactado de manera directa la infraestructura básica, provocando el cierre masivo de escuelas, centros de salud y vías de comunicación clave. Según reportes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y diversos organismos de socorro, se proyecta que más de 5,8 millones de ciudadanos padecerán inseguridad alimentaria grave a lo largo del año.
La violencia hacia la población civil se ha intensificado en sectores como Cité Soleil, donde enfrentamientos territoriales registraron la muerte de al menos 542 personas y dejaron 355 heridos en un solo episodio.
Durante dicho conflicto, las organizaciones en el terreno contabilizaron que 176 mujeres y niñas sufrieron agresiones sexuales. Asimismo, el reclutamiento forzado y la exposición a entornos de violencia armada continúan afectando el desarrollo de la infancia en las áreas bajo dominio de las bandas, señala Noticias ONU.
Avances en materia de seguridad y justicia
A pesar del complejo panorama, las fuerzas del orden del Estado, respaldadas por la Fuerza de Supresión de Pandillas —una operación internacional de seguridad apoyada por la Organización de las Naciones Unidas—, iniciaron patrullajes e intervenciones directas a partir de junio. Estas unidades especializadas lograron recuperar el control de arterias viales prioritarias y sedes institucionales en el centro de Puerto Príncipe.
Durante las primeras acciones operativas de la fuerza internacional, los efectivos policiales realizaron la detención de 14 individuos y el decomiso de material inflamable y artefactos explosivos artesanales. En el plano institucional, se implementó el funcionamiento de dos unidades judiciales especializadas, diseñadas con el objetivo de procesar e investigar delitos financieros a gran escala, violaciones masivas a los derechos humanos y actos de violencia de género.
No obstante las intervenciones policiales, el contexto de seguridad mantiene niveles de riesgo elevados debido a la capacidad reactiva de las organizaciones delictivas. De manera paralela, defensores de derechos humanos han alertado sobre el incremento de grupos de justicia por mano propia que han causado la muerte de presuntos colaboradores de pandillas, así como denuncias en curso sobre posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del cuerpo policial.
Hoja de ruta para el restablecimiento democrático
El ámbito político avanza de forma simultánea con el despliegue de seguridad. Haití no cuenta con un presidente electo por voto popular desde julio de 2021, tras el magnicidio de Jovenel Moïse. Esta coyuntura ha obstaculizado la gobernabilidad y la restitución del orden institucional en el territorio nacional.
Las autoridades provisionales han aprobado un presupuesto de 120 millones de dólares para la logística y ejecución del proceso electoral. De cumplirse las garantías mínimas de seguridad para el padrón electoral, el traslado de materiales y la movilización de votantes, la planificación contempla celebrar la primera vuelta presidencial antes del cierre de 2026, con el fin de efectuar la transferencia de poder a un ejecutivo electo en febrero de 2027.
El restablecimiento democrático y la estabilización del país dependen de un frágil equilibrio entre la recuperación del control territorial, la recepción de cooperación financiera internacional y la mitigación del desabastecimiento alimentario que aqueja a más de la mitad de la población haitiana. (10).
