La fiscalización en los gobiernos autónomos descentralizados debe ser una actividad obligatoria y constante, no una opción política. Para eso existen los concejales cantonales, consejeros provinciales y vocales de las juntas parroquiales.
Cuando no hay un control real, las autoridades actúan sin contrapesos efectivos, lo cual debilita la representación ciudadana. El equilibrio de poderes es necesario. Por tanto, los concejales, consejeros y vocales no solo tienen la obligación de legislar, sino que también deben vigilar con rigor el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de funciones.
En la práctica, esta tarea suele ser escasa y selectiva. En provincias como Manabí, los procesos de control pueden surgir por disputas políticas y no por responsabilidad institucional. La ley prevé herramientas claras, como pedidos de informes, comparecencias e inspecciones, pero su uso es limitado y, en ocasiones, tardío.
La falta de fiscalización favorece la opacidad y da espacio a posibles ineficiencias o irregularidades. Por lo contrario, un control permanente mejora la gestión pública, previene omisiones y obliga a transparentar decisiones.
